(TF, RTF 01854-10-2020, 19/01/2021 )
En el caso, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) reparó el crédito fiscal de las facturas emitidas por el contrato de locación de servicios suscrito por la recurrente con otras empresas para que le brindaran servicios de asesoría gerencial y asesoría en marketing y ventas: para la superintendencia tales servicios constituyen labores inherentes a la función de gerente general y gerente financiero de la recurrente, los que actuaban como representantes legales de las citadas empresas proveedoras, y que, por lo tanto, generaban rentas de quinta y no de tercera categoría. El Tribunal Fiscal (TF) concluyó que, si bien la recurrente no aportó medios probatorios adicionales que permitiesen verificar la naturaleza de los servicios contratados y a quienes se encargaron de prestarlos, dado que la calificación económica implica una análisis de secuencia de hechos y relaciones económicas para conocer la verdadera naturaleza de las operaciones efectuadas; la Sunat no llevó a cabo una correcta actuación probatoria, toda vez que, en atención a los principios de impulso de oficio y verdad material recogidos en el Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento administrativo General (D. S. 004-2019-JUS), correspondía que cruzara información con los proveedores de la recurrente sobre los servicios pactados, de acuerdo con los contratos suscritos y quienes lo habrían prestado, así como como otra actuaciones probatorias tendientes a establecer, entre otros, en qué tiempo se celebró la constitución de los proveedores con los registros públicos y con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para determinar si tenía trabajadores declarados o no, la remuneración, y otras actuaciones que permitiesen concluir que los aludidos servicios fueron prestados por los trabajadores de la recurrente. (V. P. Falconí Sinche)